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Nombre asociado habitualmente a la expropiación de los bienes de la Iglesia en el siglo XIX y al exterminio de miles de obras de arte, caridad y cultura, al mismo tiempo que persecución contra las instituciones religiosas tradicionales.
Su nombre era Juan Alvarez Méndez. De familia no rica, logró hacer fortuna en los negocios por su capacidad y habilidad. Exiliado en Londres, puso en la ciudad una casa de negocios y participó en diversas empresas políticas y financieras, con Portugal, Brasil y España.
En 1835 volvió a España llamado por el Conde de Toreno, para que actuara como Ministro de Hacienda. En medio de sus oscilaciones políticas, logró dos decretos de extinción de las Ordenes religiosas (19 de Febrero de 1836) y apropiación para la corona de todos sus bienes (8 de Marzo del 1936), con el fin de obtener así liquidez para acelerar la guerra contra los carlistas y sanear las arcas estatales a punto de bancarrota.
Los beneficios que pensaba conseguir con los 1800 monasterios confiscados fueron un fracaso total, pues las públicas subastas de los bienes usurpados con intenciones recaudatorias no lograron otra cosa que enriquecer a una burguesía egoísta y carroñera, aunque políticamente quedó comprometida con los liberales que habían promovido la medida. No fue el único decreto confiscatorio (existieron los de las Cortes de Cádiz y de José I). Pero fue el de Mendizábal, elaborado por las influencias de las logias masónicas a las que pertenecía, fue el que logró empobrecer a la nación, al tiempo que incrementó el número de indigentes, antes acogidos por conventos, asilos, parroquias, fundaciones piadosas, que perdieron con sus medidas los medios de asistencia.
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