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Muerte de un rey (regis, occido) por parte del pueblo o de alguien que actúa con o sin mandato del pueblo. Por extensión es la muerte violenta de una persona gobernante (magnicidio).
En cuanto es la muerte de un ser humano, es un atropello injusto. Nadie tiene derecho a quitar la vida a otro ser humano. Además, el hecho de ser un gobernante implica que el asesinato afecta también a los gobernados y se falta contra ello al orden justo, en la medida en que los demás acepten al gobernante.
Sin embargo puede haber situaciones de opresión o de tiranía que pueden hacer variar la calificación del asesinato. El tema fue planteado de forma sistemática en 1584 por el Padre Juan de Mariana en su libro "Del Rey y de la Institución real". Con la solución que ofreció, se hacía eco del asesinato de Enrique III de Francia a manos del monje Jacobo Clemente, que unos tildaron de criminal contra el Rey y otros consideraron libertador respecto de un tirano que había asesinado a sus contrarios y seguía sembrando el reino de crímenes impunes.
La reflexión del P. Mariana fue por el camino siguiente. Todo ser humano, rey o no, tiene derecho sagrado a la vida y nadie puede atentar a ella. Si un tirano abusa de sus súbditos y no respeta los derechos ajenos a la vida, a la libertad y a la propiedad, éstos tienen derecho a defenderse. Si pueden de cualquier manera liberarse del tirano, deben hacerlo. Si el recurrir a la muerte de una persona es el único camino para evitar males mayores, otras muchas muertes o atropellos, se puede matar al tirano. Y el hecho habrá que mirarlo, no como deseo de matar a alguien, sino como necesidad de defenderse de quien mata. Es decir es aceptable el hecho, no como asesinato, sino como liberación que es un bien, a pesar de que se logre por el tiranicidio, acción mortal que es un mal.
La muerte directa no es lícita si hay otro camino o recurso, pues en un mal. Tolerar la muerte, dándola directamente, colaborando o consintiéndola, para lograr el bien de la libertad es lícito.
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